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Asden solicita la demolición de la Ciudad del Medio Ambiente

Comunicado Asden-Ecologistas en Acción

En la fecha de 8 de enero de 2014, el B.O.E. publica la sentencia 203/2013 de 5 de diciembre de 2013 del Tribunal Constitucional por la cual se declara nula la ley singular 6/2007 de 28 de marzo de la Comunidad autonómica de Castilla y León, del proyecto regional “Ciudad del Medio Ambiente” (CMA).
CMA-de-Garray-ilegal

Esta anulación en términos jurídico-urbanísticos significa que los terrenos recalificados por la Ley de la CMA son de  nuevo “Suelo rustico no urbanizable especialmente protegido por su calidad natural” (suelo rustico con protección natural), tal y como venían definidos en las normas del Planeamiento de Garray; y por lo tanto no pueden ser urbanizados. Es decir que en el Soto de Garray se están incumplido los preceptos y condiciones que se establecen en la  Ley de Urbanismo de Castilla y León (LUCYLE) y su Reglamento (RUCYLE); y por lo tanto hay una serie de infracciones, y responsabilidades jurídicas.

En estas normas se regula las distintas competencias y obligaciones administrativas, destacando en este caso las que tiene el Ayuntamiento de Garray, que debe actuar de oficio.

Especialmente significativo son los siguientes artículos del RUCYLE a los que se hace mención en nuestra solicitud:

-El 361 en lo referente a la  suspensión de la licencia, paralización de las obras y restauración de la legalidad.

-El 341 del RUCYLE en lo referente a la demolición de las obras ejecutadas  para lograr la restauración de la legalidad.

-El 348 califica como muy grave las construcciones y urbanizaciones realizadas dentro del suelo calificado como suelo rústico con protección natural.

Ante el aparente olvido, inaptitud y falta de acción de las administraciones por cumplir con sus competencias y con la obligación de aplicar la legislación vigente, ASDEN ha dirigido un escrito  a la corporación de Garray y a su alcaldesa para que proceda a la inmediata demolición de los edificios y urbanizaciones realizadas dentro del espacio ocupado por la CMA, restituyendo el terreno a su estado natural anterior a las actuaciones.

También les recordamos que como autoridades o componentes de una corporación tienen mayores responsabilidades jurídicas personales con el cumplimiento de la ley que un ciudadano normal, tanto por acción como por omisión.

Dicho esto, a lo largo del recorrido jurídico de la CMA ha habido otras muchas anomalías urbanísticas, jurídicas y administrativas (a parte de las reconocidas por la propia Sentecia del Tribunal Constitucional) que han sido promovidas y ejecutadas (y luego regularizadas) precisamente por las administraciones que tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley. ¡Ahora incluso se enrocan en el absurdo jurídico de encontrar una formula mágica con la que  legalizar lo urbanizado!. Es decir un verdadero ataque al Estado de Derecho que ha sido y es posible por la existencia de unas autoridades posiblemente prepotentes, de unos políticos arrogantes, de un sistema judicial tolerante con el poder y de un grupo de funcionarios que miran para otro lado con la finalidad de  complacer o no contrariar a sus superiores.

Estos procedimientos  y prácticas son cada día más reprochados por la ciudadanía e incluso están siendo enjuiciados, como estamos viendo estos días en el caso de la Ciudad del Golf de las Navas del Marqués (Ávila), en el que están imputados funcionarios con importantes responsabilidades en materia medioambiental que sin embargo mantienen sus puestos e incluso han sido ascendidos. La Ciudad del Medioambiente hasta ahora estaba blindada por la Ley 6/2007, pero la sentencia del Tribunal Constitucional la ha derribado y permitirá  que se encuentren responsabilidades jurídicas que hoy todos sospechamos. Por supuesto hay unas responsabilidades políticas que por salud democrática deben asumir de “motu propio” para evitar la crispación social.

 

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